El equipo legal presentó una solicitud formal ante el Comité de Derechos Humanos. El escrito pide que revise la condena.
El planteo defensivo se apoya en un informe técnico elaborado por la consultora Specs. El estudio analiza la distribución de las partidas de la Dirección Nacional de Vialidad tras el decreto 54/2009. El documento indica que el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos, mientras que IECSA S.A. resultó ser la principal beneficiaria.
Desde la Justicia indicaron que el argumento sobre la distribución de fondos ya fue desestimado en instancias previas. La obra pública de Santa Cruz fue analizada, donde las empresas de Lázaro Báez concentraron el 85% de las licitaciones.
